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El Gobierno reglamentó un artículo de la Ley Nacional de Alquileres que impone la obligatoriedad de dueños y corredores inmobiliarios de registrar todos los contratos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo pena de sanción.

«Es un nuevo avance de los inquilinos en la lucha por sus derechos. Desde marzo se deben registrar todos los contratos», transmitió con satisfacción Nire Roldán, de la ONG Concejalía Popular y el Frente Nacional de Inquilinos y Pymes locatarias.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentó el artículo 16 de la ley cuya sanción los inquilinos consiguieron el año pasado. Lo bueno de esta medida es que si el locador o la inmobiliaria no realizan dicho registro, lo puede hacer el locatario por su propia voluntad.

«Es importante que se registran los contratos para poder pensar en planificar políticas públicas que den respuestas a millones de inquilinos que hoy sufren la especulación inmobiliaria en un mercado abusivo y en negro. Casi la mitad de las relaciones de alquiler hoy son informales, agudizando la desprotección de los ciudadanos a un alquiler digno», explicó Roldán.