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El Senado de la Nación Argentina aprobó este jueves el proyecto de ley sobre inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Con 55 votos afirmativos, uno negativo y seis abstenciones, nuestro país avanza una vez más en políticas públicas para la comunidad LGBT+. 

De acuerdo a la iniciativa, el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.

Además, lleva el nombre de Diana Sacayán y Lohana Berkins, dos históricas militantes del colectivo.  La sesión fue seguida desde el recinto de la Cámara alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron al día como «un día histórico».

 (Fuente: Bernardino Avila)

En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley «produce una hermosa y estupenda sensación» ya que «después de tantos años nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género».

«Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas», sostuvo Durango, y añadió que los senadores tenían este jueves «la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros».

Fueron sólo 12 los senadores que hicieron uso de la palabra, todos ellos para manifestarse a favor del proyecto.

Como antecedente, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto en septiembre del año pasado que establecía que el sector público nacional debía destinar el 1 por ciento de su planta a travestis y trans.

Esta iniciativa buscó ir más allá y proponer “medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”. 

¿Qué contempla?

– Apunta a la inclusión de las personas travestis, transexuales y transgénero habilitadas a trabajar, hayan o no accedido al cambio registral previsto en el artículo 3o de la Ley 26.743 de Identidad de Género.

– En sus artículos propone medidas de acción positiva: la inclusión laboral en el Estado Nacional a través de un cupo mínimo del 1 % en los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contratación. 

– En uno de sus artículos platea el principio de no discriminación de manera terminante al decir que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y plantea que para que esto se cumpla, a la hora de garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Por eso, los antecedentes penales de les postulantes “que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo” planteó el texto del proyecto.

– La propuesta de ley no se limita al cupo. Propone medidas para garantizar la terminalidad educativa y la capacitación, a fin de que las dificultades para acceder al estudio que han sufrido tanta personas travestis y trans no sea un impedimento para acceder aun empleo.

– Entre sus artículos, contempla la inclusión transversal y federal, acciones de concientización y prioridad en las contrataciones del Estado (a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones a personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero).

– También habla de incentivos al sector privado para quienes contraten a travestis y trans. 

– Se proponer garantizar el acceso al crédito para emprendimientos productivos (a través del Banco Nación).

El ministro de Seguridad de la provincia sostuvo que los proyectos de Seguridad Pública y Reforma y Control Policial demandarán «entre dos y cuatro años» de implementación si se convierten en ley, pero que serán «para las próximas décadas». «No hay nada que no pueda ser abordado o discutido», dijo sobre el debate legislativo que se viene.

Luego de que el viernes el gobernador Omar Perotti enviara a la Legislatura provincial el paquete de leyes que impulsa Marcelo Sain, este lunes el ministro de Seguridad defendió los proyectos, de los que dijo que son «un conjunto de piezas que queremos que sea la gran reforma de la democracia santafesina«.

En una conferencia virtual con periodistas de toda la provincia Sain insistió con que las normativas actuales son «rústicas» y que lo que plantean son herramientas para, por ejemplo, contar con información a través del Observatorio de Seguridad Pública, de la encuesta de Victimización y del Censo Policial.

En ese sentido, puso especial énfasis en un capítulo dedicado al bienestar de los efectivos. «Somos un gobierno peronista y nos importa darle sentido laboral a la Policía«, expresó.